lunes, 29 de junio de 2015

A 5 años de masacre del “baguazo”



El caso "Baguazo" es un típico ejemplo que la justicia no es igual para todos los peruanos. Los ciudadanos "de segunda" no tienen la misma oportunidad que los de "primera categoría", de andar sueltos sin el peso de hallarse perseguidos, soportar la pesada carga de ser enjuiciados o condenados a largos años de prisión.

Hizo bien el diario La República en insertar en su edición diaria, como encarte el CD "La Espera - Historia del Baguazo"-, para conocer la dimensión de los sucesos del 5 de junio del 2009, durante el régimen del ex-presidente Alan García Pérez y la gestión de Mercedes Cabanillas en el portafolio del Interior.

Dicha edición fue peculiarmente solicitada por los lectores, habida cuenta la trágica matanza que enlutó el hogar de 33 familias, de policías y de aborígenes. Sirvió, asimismo, para escuchar y conocer de cerca la retórica de García Pérez para intentar encandilar a nacionalistas y neoliberales con el uso de una vulgar oratoria justificatoria que cae  por ridícula.

O escuchar a Flores Aráoz decir sobre lo escaso del presupuesto de la República que imposibilitaba realizar obras de bien social y que conociendo esa situación se exigía invertir en el bienestar de dicho sector nacional. "No me jodan, pues", remató con esa ridícula frase su negación, contrariedad u oposición el veterano político que proyecta ser candidato a la Presidencia de la República de Perú.

A diferencia de García Pérez, que consideró que los aborígenes tienen un pensamiento de religiosidad primitiva, considerando como dioses o espíritu de sus difuntos a cada uno de los elementos de la naturaleza, el ideológo Rummil expuso lo falaz de ese criterio habida cuenta que la concepción ancestral de los aborígenes sobre la naturaleza difiere radicalmente del criterio occidentalista.

Lo cierto es que la masacre de Bagua fue un funesto epílogo del "Síndrome del perro del hortelano", publicado por el diario El Comercio bajo la autoría del ex-mandatario, y el dictado de una nueva legislación para regular las inversiones en áreas de comunidades mediante consulta previa.


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